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1. Agua como sujeto de derecho para todos 

(Páramos y fuentes hídricas)

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El agua no solo es un recurso vital para la vida humana, también para la fauna, la flora y por su puesto es la base esencial de la función ecología de los ecosistemas (terrestres y marinos). Por tanto, es necesario propender por el uso (razonable, lógico, coherente, sostenible y resiliente), así como de establecer mecanismos de protección jurídica para garantizar a la naturaleza un elemento vital con características organolépticas (físicas y químicas) libres de contaminantes. En este sentido, deseamos que el agua se considere como la base sustancial del derecho ambiental de la naturaleza, el cual debe gozar de protección y cuidado especial para que la naturaleza disponga de este en condiciones salubres, evitando actividades antrópicas perjudiciales para su estado natural.

 

 

2. Prácticas Agro-ecológicas en el sector primario del campo 

(Acciones para la paz)

 

En Colombia es necesario que la paz se incentive incorporando el rescate, la valoración y la defensa ambiental de nuestros recursos genéticos como las semillas nativas y buenas prácticas tradicionales ancestrales, las cuales se soportan en criterios de sostenibilidad. Enfoque del cual es importante articular cuando de manejo de suelos, productividad agrícola y pecuaria se refiere, En este contexto, deseamos que las buenas prácticas en el sector productivo del campo sean mediante técnicas, modelos, protocolos y lineamientos Agroecológicos, procurando el mínimo impacto de afectación al suelo, a las fuentes hídricas, la biodiversidad, la atmósfera; así como de prevenir riesgos para la salud humana.

 

 

3. Mega Proyectos extractivos

(Minería y Fracking)

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El desarrollo sostenible como premisa, es una axioma que aún tiene límites. Por más que se implementen medidas preventivas, la naturaleza de los ecosistemas y áreas naturales tienen un límite y capacidad de ser explotados, impactados y de resiliencia ecológica. Al respecto, la estabilidad de los suelos, las fuentes hídricas, la función ecosistémica, los hábitats para diversas especies es necesario para garantizar recursos a generaciones futuras; sin embargo, en el territorio colombiano practicas inadecuadas y de alto impacto ambiental que causan transformación en las funciones de un sistema natural, pone en riesgo, peligro y vulnerabilidad el equilibrio ecológico, ambiental y la sostenibilidad de zonas territoriales y áreas estratégicas como páramos, bosques húmedos tropicales, bosques secos tropicales, humedales, ríos, lagunas, entre otros, y por supuesto, incide en la calidad de vida de las personas en general.

 

Por tanto, ante cualquier deterioro o daño ambiental se debe aplicar el principio de precaución, procurando implementar otras alternativas menos dañinas.

 

 

En este sentido, deseamos que el sector público como privado de la industria extractiva presente un plan de acción frente a la transición en el cambio de uso de energías convencionales por la implementación de energías renovables amigables con el ambiente, la naturaleza y la comunidad al cierre del año 2019.

 

De igual manera, la ciudadanía colombiana necesitamos conocer los reportes del alcance de las medidas de compensación ambiental por el daño ambiental a causa de la industria extractiva de los últimos 40 años.

 

Deseamos que se tomen medidas correctivas y preventivas frente al manejo de los procedimientos operativos  de exploración y explotación de pozos de yacimientos convencionales de crudo, reportando a los colombianos las medidas de compensación, y no ejecutar ninguna prueba piloto o proyecto de Fracking que pone en peligro los hábitats para la biodiversidad en zonas de importancia ecológica en el territorio colombiano. 

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4. Firma de acuerdo de Escazú

 

El pasado 27 de septiembre de 2018 se estableció el acuerdo de Escazú en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el objetivo del acuerdo es "garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible" (CEPAL, Naciones Unidas, 2018). La pregunta es por qué Colombia aún no ha ratificado con su firma este acuerdo si es precisamente ello un mecanismo para prevenir conflictos ambientales, garantizar participación a la ciudadanía, así como de facilitar acceso a la información de interés en asuntos que implican derechos fundamentales para la sociedad y deberes del Estado como garante de los mismos?

 

En este sentido, deseamos que el Gobierno de Colombia firme el acuerdo de Escazú y se comprometa con acciones precisas, claras y oportunas para evitar los conflictos socio ambientales y los asesinatos contra defensores del ambiente.

 

 

5. No practicar actos que afecten el bienestar de la fauna silvestre

 

La gran diversidad de especies silvestres que habitan en zonas y áreas naturales del territorio colombiano, se  encuentran amenazadas por prácticas humanas que van desde cautiverio para el disfrute personal, hasta el tráfico y comercio ilegal de estas. Adicional, prácticas relacionadas con lo agrícola, forestal comercial, la deforestación ilegal, las quemas indiscriminadas, el uso de mercurio en actividades de minería ilegal, descuido de mecanismos operativos en el sector extractivo de yacimientos convencionales, emisiones atmosféricas en zonas rurales, entre otras, amenazan el hábitat de miles de especies de fauna, lo cual pone en peligro su supervivencia y con ello la cadena trófica.

 

Deseamos que actores de la sociedad (Estado, campesinos, etnias, academia, empresarios, entre otros)  sean veedores del cumplimiento de la política pública de Biodiversidad, así como del acuerdo Internacional (CITES) Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, contribuyendo en acciones articuladas con las autoridades ambientales locales, regionales y de orden nacional para preservar la riqueza natural del país.

 

En síntesis, la naturaleza en Colombia debe ser vista, entendida y protegida como un sistema, en el cual, cada elemento o parte que la integra cumple una función esencial, por tanto, su estructura al ser modifica genera impactos perjudiciales, que ponen en  peligro su existencia.

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